Acaba de publicarse el libro “El acceso a los archivos en España” editado por la Fundación Francisco Largo Caballero y la Fundación 1º de Mayo en el que he participado con el capítulo “Información y acceso: Secretos Oficiales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Después de un largo proceso por fin está aquí. En él se presenta un panorama sobre el acceso a los archivos en España, una radiografía sobre los mismos y las dificultades con las que se encuentran historiadores, investigadores y ciudadanos a la hora de recabar información y documentación conservada en ellos.
En mi capítulo parto de mi experiencia asesorando legalmente a un grupo muy importante de investigadores e historiadores de prestigio a nivel internacional y nacional de nuestro país en el que se ha venido llamando el caso de los “10.000 documentos”. Estos documentos fueron declarados secretos entre 1936 y 1968 por distintos departamentos militares españoles. La antigua Ministra de Defensa, al parecer habría elevado propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros para la cancelación de su clasificación, propuesta basada en un informe elaborado por el propio Ministerio de Defensa, justo en el momento en que el Gobierno de Zapatero se encontraba en funciones, por lo que finalmente se decidió dejarlo preparado para el próximo gobierno que entrara.
A partir de la información aparecida en los medios de comunicación comenzamos un periplo legal para conseguir la desclasificación de esos documentos que narro en el libro y que es punto de partida del capítulo en el que pongo de manifiesto lo que pudimos observar a lo largo del proceso: cómo independientemente de la normativa de acceso a información y documentos públicos vigente en nuestro país, el problema para acceder a gran parte de la documentación que se encuentra en los archivos y que sería necesaria para poder contar la historia de nuestro país, en los tristes años de la Guerra Civil y décadas posteriores, desde todos los posibles puntos de vista, no se halla en los límites al acceso recogidos en esa normativa de acceso sino en el hecho de que dicha documentación se encuentra clasificada y en cómo se ha venido interpretando este hecho de forma restrictiva para no facilitar el acceso y sin que se haya considerado necesario por el Gobierno proporcionarmotivación adicional.
En el texto cuento cómo se ha recomendado articular la normativa de acceso con la de secretos oficiales en el ámbito internacional y proponer cómo podría hacerse en España, analizando todos los obstáculos que existen actualmente para ello y proponiendo cómo podría hacerse y cómo la Ley de Transparencia podría ser una vía para ello siempre que no se haga una interpretación restrictiva de la misma como la que viene haciendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La clasificación de un documento no tiene por qué suponer el sacarlo sine die de la luz pública. Los límites al acceso a información pública se deben aplicar al contenido del documento y a la naturaleza de la información y no al documento en sí mismo, como ya se decía en el Explanatory Report de la Convención de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa.
Pero no voy a seguir desgranando más el capítulo. Lo suyo es leerlo… 🙂
Os dejo aquí el enlace donde podéis descargarlo.
Espero vuestros comentarios.
Autor: Eva Moraga
