El día 25 de octubre de 2017 comparecí como experta invitada en la Subcomisión de Cultura sobre el Estatuto del Artista. En mi comparecencia “Autores y artistas y las prácticas del sector” me centré en algunas de las causas raíz de la precariedad de los autores y artistas sobre las que, en mi opinión, no se ha hablado lo suficiente cuando se ha tratado el tema del Estatuto del Artista. Además del inadecuado marco legal y normativo que regula la actividad de los artistas y creadores y de la contracción de la contratación de la actividad artística durante la crisis económica tanto en el ámbito público como en el privado, nos encontramos con que los autores y los artistas son el último escalón en la escalera de poder generada en sus relaciones contractuales y en la explotación de los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre sus obras e interpretaciones. Y esto ocurre tanto frente al sector público como frente a operadores privados.

Por lo tanto, no únicamente es necesario un nuevo marco legal o la modificación del ya existente que reconozca la labor artística así como las características especiales de su trabajo (períodos largos de creación e investigación, intermitencia/temporalidad/irregularidad/precariedad en los ingresos, períodos cortos de alta, remuneración derivada de los derechos de autor y PI) en la normativa que les impone obligaciones fiscales y en las que les otorga derechos laborales y beneficios de protección social y en su relación con la Administración (contratación del sector público, convenios de colaboración y subvenciones). Es esencial que se introduzcan mecanismos y medidas de apoyo frente a prácticas (ilegales o irregulares o no reguladas) en la contratación, en el ámbito de los derechos de autor y de propiedad intelectual y en materia laboral puesto que los autores y artistas se encuentran en una posición de inferioridad frente a las Administraciones Públicas y los operadores culturales que se hallan en una posición de poder frente a los mismos.

A pesar de los Códigos de Buenas Prácticas y los códigos deontológicos y las normas y los contratos todos los días podemos constatar que se siguen incumpliendo. No es suficiente con redactarlos, aprobarlos o firmarlos. Por lo tanto, son necesarios mecanismos para promover el respeto a las leyes y la adhesión de operadores culturales a los códigos y respeto a los mismos; mecanismos de inspección y control que protejan a la parte más desfavorecida (autores y artistas); mecanismos que equilibren los desequilibrios de poder; e introducir en el marco jurídico consecuencias legales más específicas y bien definidas de su incumplimiento que sean de carácter automático.

En mi comparecencia propuse medidas concretas de apoyo frente a las malas prácticas del sector público y del sector privado ya que tanto en un ámbito como en el otro se siguen produciendo desafortunadamente día tras día. Entre las mismas propuse, por ejemplo, la creación de una unidad especial para la cultura en la Inspección de Trabajo o la introducción de cláusulas penales de aplicación automática que suponga un porcentaje de los ingresos generados (no de los beneficios) por la explotación de las obras e interpretaciones si se incluyen cláusulas abusivas en los contratos o no se cumplen con los requisitos que impone la ley o no se proporcionan los datos de explotación a los autores y artistas o no se les remunera por su trabajo o por la cesión de derechos.

Se ha previsto que los trabajos de la Subcomisión terminen en marzo de este año. Habrá que estar muy atentos para ver cómo se enfoca por parte de sus miembros este aspecto. Un marco normativo flamante y perfecto (si se consiguiera que no es probable) no es suficiente si no se acompaña de medidas que eviten o sancionen las malas prácticas del sector. Si no, la precariedad de autores y artistas será un tema del que seguiremos hablando desgraciadamente.

Autor: Eva Moraga